Ecuador cierra el primer semestre de 2025 en una encrucijada histórica. Tras una recesión del 2% en 2024 —marcada por apagones, violencia desbordada e incertidumbre política—, el país vislumbra una frágil recuperación económica. Sin embargo, bajo este espejismo de crecimiento yacen tensiones profundas: una fractura social agudizada por la pobreza, reformas que sacrifican derechos ancestrales, y un modelo de desarrollo que cuestiona el alma plurinacional de la Constitución 2139.
1. La Paradoja Económica: Crecimiento Sin Inclusión
Los números pintan un optimismo cauteloso:
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Crecimiento en ascenso: El gobierno proyecta un 2.8% para 2025, superando el 1.7% estimado por el FMI. Las exportaciones agrícolas, mineras y camaroneras, junto a la normalización hidroeléctrica, impulsan esta tendencia 78.
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Estabilidad monetaria: Las reservas internacionales alcanzan $8.277 millones, reforzando la dolarización y atrayendo capitales 9.
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Financiamiento externo: El acuerdo con el FMI por $4.000 millones inyecta liquidez, aunque condiciona la política fiscal 2.
Pero la realidad social desmiente el «rebote»:
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Pobreza recalcitrante: El 31.9% de ecuatorianos vive con menos de $6.85 diarios (PPA 2017). La contracción del 3% en ingresos laborales durante 2024 ahondó la desigualdad, que se mantiene inmutable hace una década 213.
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Empleo precario: El 60% de la fuerza laboral está en informalidad, y las mujeres concentran el 67% de los trabajos precarios 1315.
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Deuda pública ascendente: Aunque el déficit fiscal bajó al 1.4% en 2024, la deuda pública escaló al 56% del PIB. Los $4.000 millones requeridos para 2025 exponen la vulnerabilidad fiscal 813.
«La economía crece, pero no gotea. Mientras el sector exportador celebra, las familias sobreviven con empleos informales y precios que devoran sus magros ingresos» 15.
2. El Dilema Político: Mandato Fuerte, Contrarreformas Peligrosas
Daniel Noboa inicia su segundo mandato con ventajas inéditas:
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Capital político sólido: Reelegido por amplio margen, su partido (ADN) controla 11 de 15 comisiones legislativas tras alianzas con fuerzas menores 8.
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Estabilidad energética: La normalización de lluvias mitiga la crisis hidroeléctrica que costó $1.916 millones en 2024 79.
No obstante, su apuesta por reformas exprés genera alarmas:
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La Ley de Áreas Protegidas: Catalogada como «urgente», busca privatizar 5 millones de hectáreas de reservas para «reactivar la economía». El texto ignora a 10 nacionalidades indígenas cuyos territorios ancestrales se superponen con estas zonas. La CONAIE y organizaciones ambientalistas la tachan de «inconstitucional y etnocida» por violar consulta previa y derechos de la naturaleza (Art. 71) 12.
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Militarización extractiva: El proyecto permitiría concesiones a empresas con «garantías de seguridad», abriendo la puerta a la militarización de territorios indígenas y amenazando a pueblos no contactados como los Tagaeri en Yasuní 12.
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La sombra de Trump: Los aranceles estadounidenses y la apreciación de monedas latinoamericanas (5-8% frente al dólar) podrían estrangular las exportaciones manufactureras ecuatorianas. Noboa negocia con urgencia acuerdos comerciales, pero la incertidumbre global persiste 8.
3. Las Deudas Históricas: Violencia, Energía y el Fantasma de la Inestabilidad
Tres crisis estructurales acechan la recuperación:
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Inseguridad: La epidemia olvidada: Con 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ecuador supera a México y El Salvador. Los cárteles libran una guerra por el control de puertos, ahuyentando inversiones y paralizando comunidades 8.
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Energía: ¿Soluciones temporales?: Aunque los racionamientos cesaron, la demanda crece al 4.5% anual. Sin inversión en capacidad instalada, los apagones podrían regresar en el próximo verano 8.
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Fractura institucional: El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) enfrenta una crisis tras la censura de Juan Esteban Guarderas, mientras la designación de un nuevo fiscal general agrava las tensiones 15.
4. El Camino Hacia Adelante: ¿Crecimiento o Derechos?
La disyuntiva ecuatoriana no es entre progreso y estancamiento, sino entre dos modelos de desarrollo:
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El atajo neoliberal: Privatizar áreas protegidas, flexibilizar inversiones extractivas y recortar subsidios. Noboa ya impulsa leyes para atraer capital a minería, petróleo y energía, argumentando que «el empleo joven requiere incentivos» 815.
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La vía constitucional: Respetar la plurinacionalidad, generar empleo formal con reformas laborales profundas, y priorizar transiciones energéticas sostenibles. El Banco Mundial insiste: sin inversión en capital humano y lucha contra la informalidad, el crecimiento será efímero 213.
Aquí yace la ironía: Mientras EE.UU. despliega el buque hospital USNS Comfort en Manta (del 4 al 10 de julio) como gesto de «cooperación en salud» 14, su política arancelaria y la presión por mercados abiertos podrían asfixiar la industria local.
Conclusión: La Urgencia de un Nuevo Contrato Social
Ecuador no está en caída libre, pero tampoco en vuelo seguro. El mayor riesgo no es la recesión, sino la normalización de la fractura entre crecimiento económico y dignidad humana. La privatización de áreas protegidas sin consulta indígena, la persistencia de empleos basura y la militarización como respuesta al crimen organizado son síntomas de un modelo que sacrifica derechos en el altar del PIB.
La oportunidad está en tres transiciones:
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Energética: Invertir en capacidad renovable para evitar nuevos apagones 8.
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Fiscal: Combatir evasión y optimizar gasto, en lugar de recortar subsidios esenciales 13.
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Territorial: Reconocer que las áreas protegidas solo son viables si sus guardianes históricos —los pueblos indígenas— lideran su gestión 12.
Como advierte Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana: «La incertidumbre no es solo económica; es el riesgo de que la democracia se convierta en un cascarón vacío» 15. Ecuador merece más que un crecimiento del 2.8%. Merece un desarrollo que no silencie a sus montañas, ríos y pueblos.
🔍 Para profundizar:
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Impacto de la crisis energética en PIB: Banco Central del Ecuador 7.
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Análisis de la ley de áreas protegidas: Amazon Frontlines 12.
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Reformas laborales y pobreza: Banco Mundial