Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia republicana. Lo que alguna vez fue considerado un país de tránsito en el mapa del narcotráfico internacional, hoy se ha convertido en un territorio de disputa, control y violencia por parte del crimen organizado. Las cifras estremecen: más de 8.000 homicidios en 2023 —una tasa superior a 45 por cada 100.000 habitantes—, cárceles controladas por mafias, extorsión generalizada, y zonas enteras bajo el dominio de grupos armados.

¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta no es simple, pero sí urgente. La descomposición institucional, la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado, la fragilidad del sistema penitenciario, y la ausencia de políticas públicas sostenidas en el tiempo han creado un cóctel explosivo. A esto se suma la inestabilidad política crónica, que ha impedido la formulación de una estrategia nacional de seguridad coherente, técnica y con visión de largo plazo.

El “Estado de Excepción” se ha convertido en un recurso habitual, pero ineficaz. Declaraciones de guerra, militarización temporal y operativos espectaculares han demostrado ser solo paliativos en un conflicto mucho más profundo. El crimen organizado no solo impone miedo con balas; lo hace también con dinero, cooptando autoridades, comprando voluntades, y desdibujando la línea entre lo legal y lo ilegal.

• jj

Pero esta no es una guerra perdida. La primera gran victoria será política: recuperar la capacidad del Estado de gobernar, regular, y sancionar. Para ello, se requieren reformas estructurales, inversión sostenida en justicia y educación, inteligencia criminal fortalecida y cooperación internacional que no se limite al discurso. Es indispensable limpiar las instituciones de corrupción, blindar las aduanas y puertos, y garantizar que el aparato judicial funcione con independencia y eficacia.

También hace falta una narrativa diferente. No se trata solo de combatir al crimen, sino de ofrecer alternativas reales de vida a cientos de miles de jóvenes que hoy ven en las bandas su única opción de progreso. La lucha contra la violencia también se libra en las escuelas, en los barrios, en los servicios públicos.

Ecuador no puede resignarse a vivir con miedo. No es normal que un país se acostumbre a los coches bomba, a las masacres carcelarias, al sicariato diario. El silencio cómplice de algunos sectores sociales y políticos debe transformarse en acción ciudadana, presión democrática y corresponsabilidad.

El crimen organizado no surgió en un vacío. Se alimentó de nuestras omisiones. Pero también puede ser derrotado desde nuestra voluntad colectiva. Recuperar la seguridad no es solo tarea del gobierno de turno: es el desafío histórico de toda una nación.