OPINIÓN

En Ecuador, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Territorios vulnerables y crimen organizado: los desafíos de la seguridad en Ecuador.

Durante los últimos años, Ecuador ha aprendido a medir la violencia a través de una cifra que se repite casi diariamente en medios de comunicación, discursos políticos y conversaciones cotidianas: el número de muertes violentas. Cada nuevo informe permite conocer cuáles son las provincias y ciudades con mayor cantidad de homicidios, dónde se concentran las organizaciones criminales y qué territorios experimentan un incremento de la violencia. Sin embargo, observar únicamente las cifras de asesinatos puede llevarnos a analizar el problema cuando ya se encuentra en su etapa más visible. Detrás de cada territorio dominado por estructuras criminales existen procesos sociales que comenzaron mucho antes del primer disparo, especialmente en aquellos lugares donde durante años se acumularon pobreza, desigualdad, abandono escolar, precariedad laboral y una presencia estatal insuficiente para garantizar condiciones mínimas de desarrollo.

En Ecuador, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Este dato, reportado por UNICEF, permite observar otro mapa del país que pocas veces se coloca junto al de los homicidios: el de las condiciones sociales en las que crecen miles de niños y adolescentes. La situación resulta todavía más compleja en los territorios estudiados para analizar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, donde los hogares con niños y adolescentes presentan niveles de pobreza multidimensional que oscilan entre el 46 % y el 70 %, con excepción de Guayas, donde el indicador alcanza el 36,3 %. Estas cifras no significan que la pobreza conduzca necesariamente hacia la criminalidad, pues establecer esa relación sería desconocer la realidad de millones de ecuatorianos que atraviesan dificultades económicas sin vincularse jamás con actividades delictivas. Sin embargo, sí muestran la existencia de territorios donde la precariedad económica, la falta de oportunidades, el abandono escolar y una limitada presencia estatal pueden acumularse y reducir las alternativas disponibles para quienes crecen en ellos, creando condiciones de vulnerabilidad que las organizaciones criminales pueden aprovechar para sus procesos de captación y reclutamiento.

Sin embargo, existe otro mapa del Ecuador que pocas veces se coloca junto al mapa de los homicidios: el de las condiciones en las que crecen miles de niños y adolescentes. UNICEF ha advertido que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en Ecuador se encuentra en situación de pobreza por ingresos y que el 44,2 % enfrenta pobreza multidimensional. En las provincias estudiadas para analizar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, los hogares con niños y adolescentes presentan niveles de pobreza multidimensional que oscilan entre el 46 % y el 70 %, con excepción de Guayas, donde el indicador alcanza el 36,3 %. Estos números no permiten afirmar que exista una relación automática entre pobreza y criminalidad, y hacerlo sería profundamente equivocado, porque millones de ecuatorianos atraviesan dificultades económicas sin participar jamás en actividades delictivas. Lo que sí permiten observar es la existencia de territorios donde diferentes factores de vulnerabilidad pueden acumularse y disminuir las alternativas disponibles para quienes crecen dentro de ellos.

La situación adquiere mayor importancia cuando se observan otros indicadores. En el estudio realizado por UNICEF sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, el 83,44 % de las personas consultadas consideró que las oportunidades laborales para jóvenes y adultos en las comunidades analizadas eran escasas o inexistentes, mientras que el 66,24 % manifestó que existían pocas o ninguna actividad extracurricular para niños y adolescentes. Al mismo tiempo, el 60,51 % percibía una presencia alta o muy alta de grupos de delincuencia organizada. Cuando estas circunstancias coinciden en un mismo territorio, el problema deja de ser exclusivamente económico y comienza a convertirse en una disputa por las posibilidades de vida que tiene un adolescente. Allí donde la escuela pierde capacidad para retenerlo, el mercado laboral formal no ofrece oportunidades y los espacios deportivos, culturales o comunitarios son insuficientes, puede aparecer una estructura criminal que ofrece dinero, reconocimiento, protección o simplemente la sensación de pertenecer a algo.

Las organizaciones criminales parecen haber comprendido con claridad que dominar un territorio significa mucho más que controlar una esquina, una ruta para el tráfico de drogas o determinados negocios ilegales. El verdadero control territorial también se construye mediante relaciones sociales, dependencia económica, miedo, lealtades y capacidad para incorporar nuevas generaciones a la estructura criminal. Por eso resulta especialmente preocupante el reclutamiento de niños y adolescentes, porque demuestra que la criminalidad organizada no solamente disputa mercados ilegales, sino también personas. Las redes sociales, las promesas económicas, el reconocimiento dentro del barrio, la protección frente a otras estructuras y la posibilidad de obtener ingresos pueden convertirse en instrumentos de captación particularmente efectivos cuando se dirigen hacia adolescentes que encuentran pocas alternativas fuera de ese mundo.

Dentro de esta discusión también aparece una realidad que suele analizarse por separado: la desnutrición crónica infantil. No sería metodológicamente correcto sostener que la desnutrición genera delincuencia ni establecer una relación causal directa entre ambos fenómenos. Sin embargo, sí resulta necesario comprenderla como una de las manifestaciones más tempranas y graves de desigualdad. Un país que permite que una parte de sus niños comience la vida con deficiencias nutricionales, dificultades económicas en sus hogares y acceso desigual a servicios básicos está construyendo desde los primeros años profundas diferencias en las posibilidades de desarrollo. La política de seguridad suele comenzar a preocuparse por un adolescente cuando abandona la escuela, ingresa a una banda o participa en un delito, pero la política pública debería preguntarse qué ocurrió durante los diez o quince años anteriores y cuántas instituciones tuvieron la oportunidad de intervenir antes de que una organización criminal lo hiciera.

Esto obliga a revisar la manera en que entendemos la seguridad. Durante una crisis como la ecuatoriana resulta comprensible que la respuesta inmediata se concentre en policías, Fuerzas Armadas, fiscales, jueces, cárceles y reformas penales, porque existen organizaciones con capacidad económica, territorial y armada que deben ser enfrentadas por el Estado. No obstante, una política criminal construida únicamente alrededor de la reacción corre el riesgo de intervenir demasiado tarde. Capturar a un integrante de una organización criminal puede ser necesario, pero si en el mismo barrio existen diez adolescentes dispuestos o vulnerables a ocupar su lugar, el problema continuará reproduciéndose. La persecución penal puede contener una estructura, pero difícilmente puede eliminar las condiciones sociales que facilitan su renovación.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a escoger entre seguridad y política social, como si fueran alternativas incompatibles. Ecuador necesita capacidad coercitiva para recuperar territorios controlados por organizaciones criminales, pero también necesita capacidad social para permanecer en esos territorios una vez que termina el operativo. Una escuela funcionando adecuadamente, programas deportivos y culturales, atención a la primera infancia, prevención de la desnutrición, oportunidades laborales para jóvenes, recuperación del espacio público y servicios estatales permanentes también forman parte de una política de seguridad. La diferencia es que sus resultados no aparecen inmediatamente en las estadísticas policiales ni producen imágenes espectaculares para los medios de comunicación, pero pueden determinar si dentro de cinco o diez años un niño encuentra primero al Estado o a una organización criminal.

Quizá ahí se encuentre una de las discusiones que Ecuador todavía debe enfrentar con mayor profundidad. Las organizaciones criminales no prosperan únicamente por su capacidad para ejercer violencia, sino también porque logran insertarse en determinados territorios, generar economías, construir relaciones y aprovechar vulnerabilidades que existían antes de su llegada. Reconocer esta realidad no significa justificar a quien comete un delito ni trasladar toda responsabilidad individual hacia el Estado; significa comprender que una política pública seria debe actuar sobre diferentes momentos del fenómeno criminal. Habrá personas que deberán ser investigadas, procesadas y sancionadas, pero también habrá niños y adolescentes que todavía pueden ser protegidos antes de ingresar a esas estructuras.

Por eso, cuando observamos el mapa de las ciudades más violentas del Ecuador, deberíamos mirar algo más que el número de homicidios. Deberíamos preguntarnos cuántos niños abandonaron la escuela, cuántos hogares viven en pobreza, cuántos adolescentes no encuentran oportunidades laborales, cuántos espacios comunitarios desaparecieron y cuántas familias sienten que el Estado aparece únicamente cuando llegan policías o militares. La verdadera disputa contra el crimen organizado no comienza cuando un adolescente sostiene un arma, sino muchos años antes, cuando todavía está construyendo la idea de lo que puede llegar a ser. Si en ese momento una organización criminal consigue ofrecerle dinero, protección, identidad y pertenencia antes que las instituciones públicas puedan ofrecerle educación, alimentación, oportunidades y futuro, entonces el Estado no solamente habrá perdido presencia territorial: habrá llegado demasiado tarde.

 

Sobre <a href="https://polisecuador.org/en/author/franco-tamay/" target="_self">Franco Tamay Vega</a>

Sobre Franco Tamay Vega

Abogado e investigador jurídico. Master en Derecho Procesal y Penal. Especialista en D.D.H.H y Justicia Juvenil Restaurativa.
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