La historia política del Ecuador puede resumirse en una sola palabra: inestabilidad. Desde 1830, cuando iniciamos la vida republicana con un presidente extranjero de origen venezolano, Juan José Flores, arrastramos la contradicción de un proyecto nacional marcado más por la influencia externa y las disputas caudillistas que por una visión solida de Estado. Aquella fragilidad inicial nunca se corrigió, y sus consecuencias todavía pesan sobre nosotros.
Un ejemplo evidente es la cantidad innecesaria de constituciones que hemos tenido. Más de veinte Cartas Magnas en menos de dos siglos son el reflejo de un país que no logra ponerse de acuerdo sobre un pacto común, siendo así que en Ecuador, cada constitución ha respondido a la convivencia de un gobernante de turno, no a las necesidades de la nación, y mucho menos del ciudadano de pie de tal manera que nos hemos condenado a la improvisación, la inseguridad jurídica y la desconfianza tanto dentro como fuera del país.
La Constitución de 2008 es quizás el mejor ejemplo de este problema en donde se redactó en un contexto populista donde el pueblo no votaba con el cerebro sino con el estómago y con una visión excesivamente progresista, priorizó un catálogo casi utópico de derechos mientras debilitó la institucionalidad y encadenó a la economía al gasto público descontrolado en donde hoy, 17 años después pagamos ese costo: un marco garantista que protege más a un delincuente que a un ciudadano; trabas burocráticas que espantan la inversión privada y extranjera; y una justicia atrapada en politización y lentitud.
El resultado está a la vista pues somos un país con un historial republicano marcado por gobiernos caídos, presidentes derrocados, prófugos de la justicia, pactos políticos incumplidos y movimientos sociales que han encontrado en la presión de las calles una herramienta más fuerte que el respeto a la ley. La inestabilidad constitucional no es solo un tema abstracto: es una de las causas de nuestro subdesarrollo, de nuestra falta de oportunidades y de la inseguridad que nos agobia.
La verdadera modernidad no está en multiplicar derechos imposible de cumplir ni en seguir el ritmo de un progresismo desmedido. La modernidad real está en tener instituciones fuertes, una Constitución breve y clara, una economía abierta al mundo, seguridad para los ciudadanos y respeto a la libertad individual.
