Desde la Antigüedad, las asambleas han sido el espacio donde la ciudadanía ejerce colectivamente su voz política. En la Grecia clásica, la Ekklesía reunía a los ciudadanos atenienses para deliberar sobre la guerra, la paz y las leyes; en Roma, los comicios populares elegían magistrados y aprobaban normas. Esto es lo que se conoce como democracia directa.

Con el tiempo y el crecimiento de la población, esos modelos evolucionaron hacia parlamentos que representaban a distintos estamentos, y finalmente hacia los congresos modernos donde cada ciudadano, mediante el voto, delega su poder de decisión. Esto es lo que se conoce como democracia representativa.

En el caso ecuatoriano, la Asamblea Nacional es, constitucionalmente, el órgano de representación de la sociedad. En una sociedad compleja de más de 17 millones de habitantes no es viable que toda la ciudadanía participe directamente en todas las decisiones; por ello se recurre a la democracia representativa, que exige un parlamento “firme y fuerte” capaz de reflejar la diversidad del país. A diferencia de un cabildo abierto, la Asamblea reúne voces de las provincias, de los sectores productivos, de la población migrante y, en general, de todas las fuerzas políticas.

En el próximo referéndum del 16 de noviembre de 2025, en la pregunta C del plebiscito, el gobierno plantea reducir drásticamente el número de asambleístas, proponiendo elegir 10 asambleístas nacionales, uno por cada provincia y otro por cada 400 000 habitantes según el último censo; la tabla oficial estima que, con el censo de 2022, la Asamblea rebajaría sus miembros, que actualmente son 151, y quedaría compuesta por apenas 73 legisladores. Además, el Estatuto Constituyente anexo al decreto del presidente establece que, si se convoca una Asamblea Constituyente, esta tendrá 80 miembros (52 por provincias, 22 nacionales y 6 para circunscripciones del exterior). Los números reducidos generan dudas sobre la adecuada representación de la población y la legitimidad de redactar una nueva Constitución con tan pocos delegados.

POPULISMO Y DESPRESTIGIO DEL LEGISLATIVO

La propuesta se inserta en un discurso populista que presenta al Legislativo como un órgano inútil, costoso y alejado de la ciudadanía. Esta narrativa ha calado hondo porque, en efecto, la calidad de los legisladores actuales ha erosionado la confianza pública. La ciudadanía percibe a la Asamblea como un foco de pugnas políticas, escándalos y falta de resultados tangibles, lo que alimenta la idea de que “sobran asambleístas”.

Sin embargo, esta visión confunde la ineficacia de los representantes con la necesidad estructural del órgano que los encarna. El problema no radica en la existencia del Legislativo, sino en su débil profesionalización, falta de control político efectivo y ausencia de rigor en la aplicación de las normas. Ecuador no requiere necesariamente de más leyes —el país tiene una de las producciones normativas más extensas de la región—, sino un sistema institucional que haga cumplir las que ya existen y fortalezca los procesos de fiscalización.

De hecho, un Legislativo fuerte y fiscalizador es esencial para equilibrar el poder del Ejecutivo. Reducir su tamaño sin resolver los problemas de fondo solo concentra más poder en el presidente y debilita los contrapesos propios de una democracia moderna.

¿CUÁNTOS REPRESENTANTES NECESITA UN PAÍS? EL CRITERIO DE LA RAÍZ CÚBICA

Desde la ciencia política se han propuesto distintas reglas para dimensionar los parlamentos. Quizás la más acertada y aceptada a nivel mundial es la planteada por Rein Taagepera y Matthew Shugart, quienes observaron que la cantidad óptima de legisladores tiende a ser la raíz cúbica de la población. El objetivo es equilibrar dos costos: demasiados legisladores generan complejidad y gastos administrativos, pero muy pocos concentran el poder y limitan la capacidad de los parlamentarios para comunicarse con su electorado.

El ACE Electoral Knowledge Network explica que, en países en desarrollo, también se puede usar la fórmula (S = (2Pa)^{1/3}), donde Pa es la población activa. Esta derivación busca minimizar los canales de comunicación entre representantes y representados. Según esta regla, para un país de 17 millones de habitantes, el número óptimo de legisladores oscila entre 230 y 250.

La propuesta ecuatoriana, en cambio, reduciría la representación a 73, lo que significa que cada asambleísta representaría a más de 210 000 ciudadanos, duplicando la carga actual y alejando aún más a la ciudadanía y sus necesidades, de sus representantes.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: ¿SOBERANÍA RECORTADA?

El decreto presidencial que convoca la consulta incorpora un Estatuto Constituyente que reglamenta la conformación y funcionamiento de una eventual Asamblea Constituyente. Este órgano, encargado de elaborar una nueva Constitución, estaría compuesto por 80 miembros. Redactar la Constitución, expresión máxima de la soberanía popular, con un órgano de tan escasa representación implica varios riesgos: desigualdad en la representación poblacional, concentración de poder en partidos nacionales y legitimidad limitada del texto resultante.

Una constitución redactada por un grupo reducido, que bien podría verse como una «junta de notables» (con las implicaciones y cuestionamientos que ello acarrearía), podría nacer sin el consenso ni la legitimidad necesarios para perdurar, reproduciendo los vicios de exclusión que las constituyentes buscan precisamente superar.

BICAMERALISMO COMO ALTERNATIVA

En América Latina existen modelos bicamerales eficaces, como los de Argentina, México y Chile, donde una cámara representa proporcionalmente a la población y la otra garantiza la representación territorial de provincias o regiones. Estos casos muestran que el bicameralismo puede equilibrar eficiencia, control político y pluralidad sin implicar más burocracia, tal como se detalla a continuación.

Si el objetivo fuera optimizar el funcionamiento del Legislativo, podría considerarse una reforma estructural que introduzca un sistema bicameral. Bien diseñado, este modelo puede convertirse en una herramienta eficaz de fortalecimiento democrático sin aumentar los costos para el Estado.

En este modelo, la Cámara Baja o Asamblea representaría directamente a la población, manteniendo la proporcionalidad por número de habitantes, pero con un número razonable de legisladores. En cambio, la Cámara Alta o Senado tendría una composición territorial, donde cada provincia tendría la misma cantidad de senadores —por ejemplo, dos o tres—, sin importar su población. Esto garantizaría que todas las regiones del país tengan voz en las decisiones nacionales, incluso las menos pobladas.

Así, se podría reducir el número total de asambleístas sin sacrificar la representatividad, ya que la Asamblea reflejaría el peso poblacional y el Senado aseguraría la igualdad entre provincias. Además, al dividir funciones, el Senado se concentraría en tareas de fiscalización, control político y representación territorial, mientras que la Cámara Baja se especializaría en la función legislativa y en el debate de políticas públicas. Este equilibrio fortalecería la institucionalidad democrática sin aumentar la burocracia, sino optimizando el trabajo parlamentario.

CONCLUSIONES

La democracia se mide no solo por la voz que se escucha, sino por cuántas voces tienen espacio para ser oídas.

El debate sobre la reducción del número de asambleístas no puede abordarse como un tema de ahorro o eficiencia administrativa. Se trata, ante todo, de una decisión sobre la calidad de la representación democrática.

Ecuador no necesita menos legisladores, sino mejores legisladores, y un sistema que premie la rendición de cuentas, el profesionalismo y la cercanía con sus electores, es decir, con sus representados.

La ciudadanía debe exigir un parlamento que realmente responda a sus intereses, fiscalice al poder y garantice el cumplimiento de las leyes existentes. Reducir la Asamblea podría parecer una solución rápida y popular, pero en el fondo sería un retroceso para la democracia representativa. Si la población estuviera consciente del riesgo que implica la contracción del poder Legislativo para su calidad de vida en democracia, exigiría más representantes y no lo contrario. Una Asamblea Nacional con menos miembros se traduce en menos voces, menos control y menos país representado.