En las últimas semanas, en ese laboratorio permanente de tensiones constitucionales en el que parece vivir el Ecuador, fuimos testigos de un intento por convertir a los jueces de la Corte Constitucional en “enemigos del pueblo”. Unos aplaudieron; otros, con razón, alzaron la voz.
¿De dónde viene esta confrontación? Voy a lo esencial, y lo digo desde ya: esto no va contra el Gobierno de turno; va a favor de la Constitución, de la institucionalidad y de sus derechos, los de su familia y los míos.
El país atraviesa una crisis marcada por la delincuencia organizada y la violencia. Ante ese escenario, desde el poder se ofrecieron respuestas rápidas: leyes que, en no pocos casos, se alejaban del marco constitucional. En democracia, sin embargo, nada está por encima de la Carta Magna. Por eso existe el control constitucional: el freno de emergencia de la democracia que impide que la urgencia —o la popularidad— atropellen derechos.
Ese control lo ejerce la Corte: revisa si una ley respeta o vulnera derechos y, cuando corresponde, la detiene cautelarmente. No es un tecnicismo: es la garantía de que ninguna autoridad, por muy poderosa o bien intencionada que sea, puede ponerse por encima de las reglas comunes.
Alguien podría creer que aquí se “defiende a los jueces”. No. Aquí se defiende al Derecho, a la institucionalidad y, en consecuencia, a las personas. ¿Por qué importa proteger a la Corte? Porque mañana, si cualquiera de nosotros enfrenta una decisión arbitraria —un impuesto sin sustento legal, una expropiación injustificada, una restricción de libertades en nombre de una emergencia—, la Corte es la que nos pone en igualdad de condiciones frente al poder. Es el lugar donde un ciudadano común puede exigir, con razones y con reglas, que se le respete la dignidad.
Hace pocos días, la Corte suspendió cautelarmente artículos de varias normas: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad, la Ley de Inteligencia y disposiciones de su Reglamento, al advertir que, prima facie —es decir, en un análisis preliminar—, no se ajustaban a la Constitución. Conviene ser precisos: no “eliminó” leyes; suspendió artículos para evitar daños mientras decide de fondo.
La respuesta fue una campaña de desprestigio contra los nueve jueces. Llegó a verse, incluso, gigantografías con sus rostros y el eslogan: “estos son los jueces que nos están robando la paz”. Nada más lejano a la realidad. Se trata de magistrados con trayectorias sólidas que cumplieron su deber: impedir que el poder rebase los límites constitucionales.
Preocupó, además, que desde el Ejecutivo —aparentemente mal asesorado— se alentaran mensajes que abonaron a ese clima, incluso con convocatorias públicas. Insisto: la defensa de la Corte no es oposición política. Hoy gobierna una persona; mañana, otra. Lo que debe permanecer son las instituciones que frenan los caprichos del poder. Sin instituciones fuertes no hay democracia: hay arbitrariedad.
Como recordó el exjuez constitucional Agustín Grijalva, al Ecuador le tomó décadas construir una Corte independiente de partidos y gobiernos. Esa independencia, precisamente, es lo que incomoda: significa que la Corte no responde a cálculos de coyuntura sino a la Constitución, que es —o debería ser— el pacto supremo que nos une.
Nuestro deber ciudadano es claro: defender a la Corte es defendernos a nosotros mismos. No se trata de banderas partidistas, sino de exigir razones, pedir explicaciones, cuidar las reglas. Si debilitamos a la Corte, mañana no habrá quién nos ampare cuando el abuso toque a nuestra puerta.
Las democracias no se pierden de golpe: se pierden cuando dejamos de cuidar sus instituciones. Por eso, frente a los ataques a la Corte Constitucional, la pregunta no es “¿qué han hecho los jueces?”, sino “¿qué seríamos sin ellos?”. La respuesta es simple y contundente: sin Corte estaríamos desprotegidos. Con ella, tenemos una guardiana firme de nuestros derechos. Y defenderla hoy no es estar en contra del Gobierno: es estar a favor de la institucionalidad, la independencia de funciones y el respeto de todos nuestros derechos.