Cuando escuchamos hablar del Estado, de la política o sobre leyes usualmente terminamos hablando sobre nuestra función legislativa, una parte esencial de la democracia y los Estados de Derecho; sin embargo, cuando hablamos de Ecuador nos enfrentamos a paradigmas distintos.
Pero primero – ¿qué es la Asamblea? –
Si le preguntamos a los entusiastas, dirán que es donde se congregan aquellos elegidos por el pueblo para legislar, es decir, dar forma al ideal plasmado en normas para nuestro querido Ecuador.
Si le preguntamos a los pesimistas, dirán que es donde se fermenta la politiquería, se siembra corrupción y se cosechan desgracias, básicamente un caldo de cultivo criminal para el que se debe vestir traje, falda, corbata, tacones o lo primero que no le genere vergüenza al asesor del legislador.
Si le pregunta a un niño, a una persona que no se informa o alguien que vive al día, cualquiera le dirá desde el fondo de su corazón y con la conciencia limpia e inocente – “no sé” -. Respuesta que según su tolerancia podría generarle ternura o desprecio por la persona, pero no es objeto de este texto sensibilizar o trastocar su empatía.
Dejando de lado la consideración de perspectivas respondamos la pregunta inicial, pero simplificándolo de tal forma que chicos y grandes puedan entenderlo. Entonces, nuestra Asamblea Nacional es donde crean, cambian o eliminan las reglas para nuestra sociedad o al menos eso nos gustaría decir sin tener que pensar en todo lo demás que hacen y sobre todo lo que no hacen en nuestra Asamblea, pero no compliquemos más un mero preámbulo.
Nuestra segunda pregunta por considerar es: ¿Qué hace y qué debería hacer la Asamblea Nacional?
La función legislativa en Ecuador, además de expedir, reformar y derogar leyes también tiene la potestad de fiscalizar, entendamos que fiscalizar significa controlar el buen uso de los recursos públicos y verificar que quienes ostentan poder no abusen de este. Todo lo mencionado es parte de lo que deberían hacer nuestros asambleístas, pero ¿qué hacen realmente?
Desde que entró en vigor la Constitución de Montecristi hasta el día de hoy, los asambleístas han fungido como la antítesis del “deber ser” de un legislador, porque sin representar a sus ideales de partido o a sus votantes, los supuestos “honorables” no son más que reaccionarios del Ejecutivo. El cargo de legislador en Ecuador mayormente significa convertirse en herramienta de intereses particulares y no populares.
Pasamos de una Asamblea verde que con discursos “revolucionarios” escondían bajo la corbata gargantillas distintivas de los grupos delincuenciales que diario vemos en las noticias, también gestaban persecuciones políticas contra sus detractores y se limitaban a aplaudir cada sábado, todo esto en lugar promover debate político, legislar en beneficio de la salud y economía o velar por el progreso de la sociedad.
Pasó mucho tiempo para que el color de la Asamblea cambie; sin embargo, hoy en día es morada, desde la bancada oficialista hasta los debatibles “independientes”. Nuestra aparente productora de leyes ha destacado más por tramitar caprichos presidenciales, dibujantes que denigran la juventud, votos en contra de la verdad y la pereza de levantarse de la cama para sesiones virtuales. Resulta extraño que aún cuando cambió el color del legislativo esta función se mantiene como un mero instrumento del Ejecutivo, donde se levantan manos por orden de quien no funge como asambleísta y los intereses que obtienen beneficio no son los populares sino los particulares.
Entonces, queda claro que la Asamblea es un órgano con la potestad de legislar y fiscalizar, así como queda claro que usualmente no lo hace o lo hace mal. Esto es lo que le da razón al título de la columna pues nuestra Asamblea nació, creció y sigue siendo un órgano en el que día a día se juega a la ruleta rusa con la sociedad, pues los legisladores no saben que día tendrán que levantar su mano para votar por una ley o apuñalar al pueblo que los escogió y se hacen la pregunta en sus cabezas – ¿Creamos leyes o manufacturamos navajas? -.